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   Por una Europa más unida en tiempos convulsos   

Cada 9 de mayo, Europa conmemora su Día, la fecha fundacional de su historia contemporánea: la Declaración Schuman pronunciada en 1950 por Robert Schuman, que sentó las bases del proyecto europeo tal como hoy lo conocemos. Fue en la Cumbre de Milán de 1985 donde los jefes de Estado y de Gobierno de la entonces Comunidad Europea decidieron que el 9 de mayo debía ser el Día de Europa. Se buscaba un símbolo que uniera a los ciudadanos más allá de los tratados económicos.

Aquella declaración no fue únicamente una iniciativa diplomática para superar las devastadoras consecuencias de la segunda guerra mundial; fue, sobre todo, una propuesta política visionaria basada en la convicción de que la cooperación económica podía convertirse en el pilar de una paz duradera.

Desde entonces, el proyecto europeo ha evolucionado desde una comunidad sectorial limitada al carbón y el acero, las materias primas de la guerra en el siglo XX, hasta un espacio económico y jurídico integrado que alcanzó uno de sus hitos fundamentales con la culminación del Mercado Único Europeo en 1993, concebido como un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas constituye la esencia de su funcionamiento. Este mercado interior no solo ha sido un motor de crecimiento económico, sino también una garantía de estabilidad y cohesión entre territorios con distintos niveles de desarrollo.

Sin embargo, el contexto actual plantea desafíos de una magnitud inédita. El mundo se desenvuelve en un entorno que muchos analistas describen como una permacrisis, caracterizado por la superposición de crisis financieras, sanitarias, energéticas, climáticas y geopolíticas. El orden geopolítico de la época de posguerra ha acabado para siempre y Estados Unidos, con las actuaciones de la Administración Trump, le han puesto un punto final. La tradicional confianza en un orden internacional liberal basado en normas ha sido rota y ha dado lugar a un “Desorden mundial”, con una enorme incertidumbre sobre lo que le sucederá. La tradicional alianza transatlántica, durante décadas uno de los pilares de la seguridad europea, se percibe hoy como menos predecible y confiable, lo que obliga a la Unión Europea a reflexionar sobre la necesidad de gestionar su seguridad y defensa de forma cada vez más autónoma, para lo resulta necesario la cohesión interna.

A ello se suma la persistencia de conflictos que afectan directamente a la estabilidad europea. La guerra en Ucrania continúa redefiniendo las prioridades estratégicas de la Unión, mientras que su papel en otras crisis internacionales, como la de Gaza, ha sido objeto de debate y ha puesto de manifiesto las dificultades para proyectar una voz única en el escenario global. En este contexto, la Unión Europea se enfrenta al reto de reposicionar su papel como actor global creíble y coherente, capaz de defender sus valores y sus intereses en un entorno internacional cada vez más competitivo y fragmentado.

Este desafío se ve agravado por la percepción de una cierta ausencia de liderazgos europeos capaces de articular una visión estratégica compartida a largo plazo. Al mismo tiempo, el auge de movimientos populistas y extremistas en diversos Estados miembros ha tensionado el consenso político interno. No obstante, algunos acontecimientos recientes, como la derrota política del presidente Orban en Hungría se interpretan como señales de resiliencia democrática y reafirmación del proyecto de construcción europea. La Unión se ha quitado una piedra del zapato, pero sigue caminando con zapatos ajustados, lo que evidencia que los desafíos estructurales persisten.

En una perspectiva más amplia, cada vez resulta más evidente que el nuevo entorno geopolítico exige una reflexión profunda sobre la adecuación del marco institucional europeo. Necesitamos la necesidad de superar la regla de la unanimidad en materia de acción exterior, una exigencia que en ocasiones ha dificultado respuestas rápidas y eficaces ante crisis internacionales. La posible reforma de los Tratados ya no aparece únicamente como un ejercicio teórico, sino como una condición necesaria para dotar a la Unión de los instrumentos jurídicos y políticos adecuados para afrontar los retos que definen el siglo XXI: seguridad económica, competitividad, autonomía estratégica y defensa, que ha dejado de entenderse únicamente desde el punto de vista militar para abrirse a una protección de la ciudadanía, las empresas y la economía.

Además, en este año 2026 los europeístas de España y Portugal estamos celebrando que hace 40 años que formamos parte de este proyecto político común. En efecto, las Actas de Adhesión se firmaron en junio de 1985 y entraron en vigor en enero de 1986.  Con estos acuerdos se puso fin al aislamiento internacional causado por las largas dictaduras y nuestras sociedades se abrieron de nuevo al entorno cultural e histórico europeo que les pertenece.

Tampoco los líderes de los años 80 lo tuvieron fácil: España y Portugal recién estrenaban sus constituciones democráticas y tenían que reprogramar todas sus estructuras políticas y económicas en un entorno de crisis gravísima, con unos niveles de inflación y de desempleo que ahora consideraríamos insoportables y unas finanzas públicas incapaces de prestar los servicios sociales que caracterizan a las sociedades occidentales modernas. Al mismo tiempo que se sentaban las bases de una comunidad política renovada, basada en los principios democráticos, la separación de poderes y la garantía de los derechos y libertades fundamentales había que dotar a nuestros países de estructuras económicas más sólidas, empresas más competitivas, finanzas públicas más potentes, ciudadanos mejor formados.

Para ambas tareas fue esencial la adhesión a las Comunidades Europeas. No sólo por la enorme contribución de los fondos de cohesión a la transformación económica sino, sobre todo, por el incentivo regenerador que supuso la integración en el espacio jurídico europeo.  

Cuando se intenta explicar que a los españoles y portugueses nos ha venido bien pertenecer a la UE, es lugar común relatar los miles de millones de euros que hemos recibido de los fondos europeos, y recordar los puentes, carreteras, depuradoras, planes educativos, programas urbanísticos o proyectos sociales financiados. Es indudable que sin esta aportación la transformación económica habría sido mucho más difícil y lenta. Pero es menos frecuente destacar que sin la integración del Derecho de la Unión Europea en nuestro ordenamiento jurídico nuestra regeneración democrática habría sido imposible.

Para las transiciones de Portugal y España, la aceptación de sus países en el Consejo de Europa supuso la garantía para los Derechos Fundamentales que brinda el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la protección del Tribunal de Estrasburgo. Y posteriormente, la asunción del acervo comunitario completó una esfera de protección para los ciudadanos que nos distingue del resto del planeta. Es en el espacio jurídico europeo donde las mujeres encontramos la garantía de nuestra igualdad, donde las minorías ven reconocidas sus diferencias sin merma de su dignidad, donde los conflictos sociales tienen cauces de negociación institucionalizados, donde los medios de comunicación libres están llamados a denunciar las desviaciones de los poderosos, donde los tribunales, aplicando leyes aprobadas por los representantes del pueblo legítimamente elegidos, están para protegen a los ciudadanos de los abusos.

Por supuesto que todo esto no siempre se cumple, la Unión Europea tendrá siempre una saludable parte de utopía. Ya los primeros líderes europeos repetían que Europa no se hará de una sola vez, sino mediante pequeños pasos. Durante cuarenta años hemos visto a la Unión Europea avanzar poco a poco, reinventarse en las crisis, titubear para luego acertar en la decisión de hacer más cosas juntos.

El 9 de mayo de 1950 cuando Schuman pronunció su declaración, Europa no estaba mejor que ahora, pero los líderes europeos supieron inculcar en sus sociedades una mentalidad de superar conflictos, cooperar, integrarnos políticamente y defender los valores civilizatorios comunes. A poco que ahora seamos capaces de recuperar ese espíritu, superaremos igualmente las dificultades de estos tiempos.

 

Palma Muñoz

Secretaria general del CAME