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Las universidades españolas deben esforzarse más en su apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad a través de la Cultura. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por Fundación ONCE en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que subraya la necesidad de transformar tanto las prácticas culturales como las estructuras institucionales para garantizar una participación real de todas las personas sin distinción en el ámbito cultural.

Pensar la cultura inclusiva dentro de la universidad implica, en realidad, cuestionar algo mucho más amplio que la accesibilidad en sentido técnico. Implica revisar las bases mismas sobre las que se construye la idea de cultura: quién la produce, quién la legitima, quién puede participar en ella y, sobre todo, quién queda sistemáticamente fuera sin que eso genere conflicto visible. El estudio se sitúa precisamente en ese punto incómodo: no se limita a señalar carencias, sino que pone en evidencia una lógica estructural que sigue operando bajo una apariencia de normalidad.

“La accesibilidad debería ser una condición estructural y no una adaptación a posteriori”
Durante años, la inclusión se ha entendido como un proceso de adaptación. Primero se diseña un espacio, una actividad o un contenido pensando en un sujeto implícito - homogéneo y normativo - y después, si es necesario, se corrige para permitir el acceso de quienes no encajan en ese molde. Esta lógica es en realidad profundamente excluyente, porque sitúa a las personas con discapacidad en una posición secundaria, como excepción que debe ser incorporada a posteriori. El informe cuestiona frontalmente este enfoque y propone invertir el punto de partida: no se trata de adaptar la cultura, sino de repensarla desde su origen.

Así, la accesibilidad deja de ser un conjunto de soluciones técnicas y pasa a convertirse en una forma de pensamiento. No es solo una cuestión de eliminar barreras físicas - aunque estas sigan siendo relevantes -, sino de atender también a las dimensiones comunicativas, cognitivas, sensoriales y, sobre todo, simbólicas. Porque muchas de las barreras más persistentes no se ven: están en las expectativas, en los prejuicios, en las formas en que se valora el conocimiento o la expresión artística. Es lo que el estudio identifica como capacitismo, una lógica cultural que establece jerarquías entre cuerpos y capacidades, naturalizando la exclusión.

Uno de los aportes más sugerentes del análisis es el desplazamiento del foco desde la participación hacia la autoría. Tradicionalmente, la inclusión cultural se ha medido en términos de acceso: cuántas personas pueden asistir, cuántas pueden consumir contenidos. Sin embargo, este criterio resulta limitado si no se cuestiona quién tiene la capacidad de crear, de decidir y de definir los marcos de significado. La diferencia entre estar presente y tener agencia es fundamental. No basta con aparecer en la escena cultural; es necesario poder transformarla.

En este sentido, la emergencia de enfoques como la cultura crip introduce una ruptura significativa. Frente a las narrativas que han entendido la discapacidad como déficit, dependencia o anomalía, estas perspectivas reivindican la diferencia como fuente de conocimiento, de creatividad y de valor estético. No se trata de integrar la discapacidad en los modelos existentes, sino de permitir que esos modelos se vean interpelados, cuestionados y, en última instancia, transformados. La inclusión, desde esta mirada, deja de ser integradora para convertirse en constituyente.

Las universidades ocupan un lugar especialmente relevante en este proceso. No solo porque son espacios de producción y transmisión de conocimiento, sino porque tienen la capacidad —y la responsabilidad— de marcar estándares culturales. Sin embargo, el estudio muestra que existe una brecha significativa entre el marco normativo y la práctica real. Las leyes existen, las recomendaciones están formuladas, pero su aplicación depende de iniciativas concretas o de voluntades individuales. Esto genera una inclusión desigual, inestable y, en muchos casos, superficial.

Construir la inclusión
Los grupos de expertos reunidos en el marco del estudio coinciden en señalar que la transformación debe ser necesariamente estructural. No basta con implementar medidas aisladas; es necesario que la inclusión atraviese todas las dimensiones de la vida universitaria. Esto implica integrarla en las políticas culturales, en la gestión de recursos humanos, en los programas formativos y en los procesos de evaluación. Supone, además, diseñar desde el principio bajo criterios de accesibilidad universal.

Pero esta transformación no puede producirse sin un elemento clave: la participación activa de las personas con discapacidad. Diseñar políticas sin contar con quienes se ven directamente afectados no solo limita su eficacia, sino que reproduce dinámicas paternalistas. La inclusión real exige redistribuir el poder, abrir espacios de decisión y reconocer la experiencia vivida como una forma legítima de conocimiento. Sin este componente, las iniciativas corren el riesgo de quedarse en el plano simbólico.

Otro aspecto fundamental que introduce el estudio es la interseccionalidad. La discapacidad no es una categoría aislada; se entrecruza con otras variables como el género, la clase social o el origen racial. Ignorar estas intersecciones conduce a soluciones incompletas que no logran abordar la complejidad de las experiencias reales. La inclusión, por tanto, no puede ser homogénea ni universal en un sentido simplificado; debe ser capaz de adaptarse a la diversidad dentro de la diversidad.

La digitalización, por su parte, aparece como un fenómeno ambivalente. Por un lado, ha ampliado las posibilidades de acceso, permitiendo nuevas formas de participación cultural. Por otro, ha generado nuevas brechas, relacionadas con la accesibilidad de las plataformas, los costes tecnológicos o la falta de formación específica. Este doble filo pone de manifiesto, una vez más, que la tecnología no es neutral: su impacto depende de cómo se diseñe y de a quién tenga en cuenta.

En el fondo, lo que recorre todo el informe es una tensión entre dos modelos de inclusión. Uno, más superficial, centrado en el cumplimiento de normas y en la implementación de medidas puntuales. Otro, más profundo, que implica cuestionar las estructuras, redistribuir el poder y redefinir los criterios culturales. El primero permite avanzar sin alterar demasiado el sistema; el segundo exige una transformación que no siempre resulta cómoda ni inmediata.

Existe una resistencia cultural e institucional. No se trata de una falta de herramientas, sino de una dificultad para cambiar las lógicas que han organizado históricamente la vida universitaria. La accesibilidad sigue percibiéndose como un añadido, como algo técnico y específico, en lugar de entenderse como un principio transversal que afecta a toda la comunidad.

Frente a esto, el informe propone un cambio de paradigma: pasar de una inclusión entendida como adaptación a una inclusión concebida como transformación. Esto implica asumir que la diversidad no es un problema que hay que gestionar, sino una condición que puede enriquecer y redefinir la cultura. También reconocer que la accesibilidad no es un estado, sino un proceso continuo, siempre en revisión.

En última instancia, la universidad aparece como un espacio en disputa. Puede optar por mantenerse en una lógica de mínimos, cumpliendo con las exigencias normativas sin alterar sus estructuras profundas, o puede convertirse en un agente de cambio capaz de impulsar una cultura verdaderamente inclusiva. La diferencia no está en las declaraciones, sino en la capacidad de traducir esos principios en prácticas concretas, sostenidas y coherentes.

| CRISTÓBAL ANGULO