Los derechos como vacuna

Con España en estado de alarma y confinada todavía en sus domicilios el Parlamento de Andalucía se sumó a la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que oficialmente es el 3 de mayo aunque tuvo lugar el día 4 por caer en domingo, con un encuentro virtual de los portavoces de la Comisión de Discapacidad de la Cámara andaluza con los representantes del CERMI-A en el que personas con distintas discapacidades leyeron el Manifiesto suscrito por el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres. En el acto participó también Jesús Martín Blanco, delegado de CERMI Estatal para los derechos humanos. Al encuentro asistió también el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.

Los portavoces de los Grupos intervinieron en orden de menor a mayor representación parlamentaria. Por Vox, Ana Gil, expresó el apoyo de su formación al colectivo de personas con discapacidad. “Si algo tenemos que aprender de esta pandemia es que debemos usar nuestros recursos económicos de forma más racional y nuestros discapacitados #8211dijo-, necesitan más que nunca estas ayudas”.

Vanesa García, de Adelante Andalucía, destacó que la crisis del coronavirus ha evidenciado que lo importante, por encima de cualquier otro interés, son las personas, aunque lamentó que la Convención, diez años después de su puesta en marcha, diste mucho de ser cumplida. “Exigimos su eficacia y su cumplimiento, sin olvidar la perspectiva de género”, destacó.

La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Mercedes López, que es afiliada a la ONCE, consideró “extremadamente importante” que se celebre el tratado de la Convención “porque se nos reconoce como sujetos de derechos” y subrayó que su Grupo seguirá trabajando “codo con codo” con los colectivos de personas con discapacidad. Por el Grupo Popular, Rafael Caracuel, ofreció la mano tendida y la disposición de su formación al colectivo. “La única intención y camino es el de trabajar juntos, porque juntos saldremos de la situación de crisis sanitaria del Covid-19”, dijo.

Por su parte, el socialista Juan José Martín Arcos, reconoció el trabajo y compromiso de las familias de personas con discapacidad en estas semanas de confinamiento y agradeció la labor de las distintas organizaciones sociales. A la vez, Martín Arcos lamentó que la Convención no esté todavía arraigada en la sociedad y pidió “que se mire a las personas con discapacidad en función de sus capacidades y no desde sus límites”.

La presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, que condujo el acto en su condición de secretaria general del CERMI-A, agradeció el consenso político que sumó la discapacidad en el Parlamento. “Las personas con discapacidad os necesitan”, dijo Viruet a los representantes políticos. “Sentimos que estáis aquí con las manos tendidas y nos da tranquilidad, porque necesitamos todas las manos que sean posibles en la defensa de nuestros derechos, para luchar con más fuerza y más ahínco”.

Tras las intervenciones de los portavoces políticos, el presidente del CERMI-A, Antonio Hermoso, inició la lectura del Manifiesto que continuaron Chari, de Plena Inclusión, Samira Israfilova, de la Fundación Accesibilidad y Personas Sordas, Teresa Caballero, de Down Andalucía e Inmaculada Gutiérrez por la ONCE. Hermoso advirtió de que una crisis de la magnitud del coronavirus “resquebraja los principios que sostienen la sociedad” y reivindicó el pleno derecho humano a la salud, sin discriminaciones, ni excepciones y con enfoque de género para las personas con discapacidad, una petición que adquiere especial significado ante la crisis desatada por la pandemia de coronavirus.

"Contad con nosotros"

Por el CERMI estatal, su responsable del área de Derechos Humanos, Jesús Martín, defendió que los derechos humanos son “la mejor vacuna para mitigar los efectos de esta crisis en las personas de mayor vulnerabilidad”. Y el tratado de la Convención, sostuvo, “el mejor escudo para esta crisis certera, de empleo, económica y social, que va a venir”. Martín pidió a los grupos políticos andaluces que no dejen fuera al colectivo de personas con discapacidad de la reconstrucción del país. “Tenéis que contar con nuestras voces y con nuestro talento. Somos un movimiento beligerante pero leal, constructivo y positivo”, subrayó. Y pidió expresamente que Andalucía ponga a las personas con discapacidad en el centro de su agenda política “como marca social de España y de Andalucía, y a los movimientos sociales como el CERMI que es un activo cooperador de las políticas públicas y sociales que tienen que ser vanguardistas en un escenario tan desolador como el que deja el Covid-19”.

Jesús Martín recordó que la Convención Internacional interpela por igual a todas las administraciones, tanto a nivel estatal, como autonómico y local. En este sentido pidió al CERMI andaluz que sea vigilante con la legislación pública autonómica. “Si queréis sacarnos de ese espacio periférico en el que hemos estado durante tanto tiempo que la discriminación pase a ser empoderamiento tenéis que acompañaros de la Convención #8211les dijo a los políticos-. Ella tiene que ser la guía para avanzar en una sociedad en la que todos contemos y queremos ser parte activa de la reconstrucción de España del progreso de este país y de Andalucía”, advirtió.

El acto concluyó con un mensaje de esperanza por parte de la presidenta de la Comisión de Discapacidad, Pilar Pintor. “Estamos comprometidos con la discapacidad y vamos a continuar trabajando con ahínco con todos los colectivos y entidades con el fin de seguir atendiendo todas sus necesidades”, afirmó. Pinto animó a las entidades sociales a trabajar unidas con las administraciones “para ampliar los derechos de las personas con discapacidad y hacer una sociedad mejor y más inclusiva”.

A petición del movimiento CERMI, el Gobierno de España aprobó en febrero de 2019 la declaración oficial del 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al ser la fecha en la que entró en vigor este tratado en 2008. El objetivo de esta jornada es contribuir al conocimiento, la difusión y la toma de conciencia acerca de esta Convención, de sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.

En la declaración de este año, el movimiento CERMI recuerda que la Convención de la ONU es de obligado cumplimiento por parte de los Estados que la han ratificado, entre los que se encuentra España. Destaca los mandatos de garantizar el derecho a la atención sanitaria sin discriminaciones (artículo 25), al tiempo que insta a adoptar las medidas necesarias para proteger adecuadamente a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia (artículo 11).

El texto reclama también avanzar hacia un espacio socio-sanitario común inclusivo; mantener los servicios de detección y diagnóstico precoz de la discapacidad; tratar de que se mitiguen en lo posible los efectos del confinamiento en determinadas personas con discapacidad, y que la UE dé una respuesta que “encabece” la lucha contra esta crisis. Y elogia, igualmente, el esfuerzo de las familias de personas con discapacidad, de las organizaciones del tejido asociativo y del conjunto de personas trabajadoras y voluntarias del sector.

Manifiesto del tres de mayo

Por el pleno derecho humano a la salud, sin discriminaciones ni excepciones y con enfoque de género para las personas con discapacidad

La pandemia global desencadenada por el COVID-19 es una prueba para las sociedades, las personas, las familias, los gobiernos y las organizaciones supranacionales e internacionales; es un desafío para el mundo y para la especie humana. Se trata de una crisis sin precedentes en el último siglo que ha sometido a tensión extrema los principios inspiradores de los sistemas de salud como la universalidad, la equidad y la no discriminación.

Esta crisis masiva de salud pública, que ha devenido en crisis social y económica de efectos devastadores, aún no dimensionados, ha situado en un estado de excepcionalidad y ha castigado severamente a las personas con discapacidad y a sus familias, que han sentido y están experimentando de forma desproporcionada los impactos más lacerantes de esta emergencia sanitaria, comprometiendo no solo la salud sino también segando muchas vidas que nunca se llorarán bastante.

Para las personas con discapacidad, mujeres y hombres, para sus familias y para todo el movimiento social CERMI esta pandemia trasciende la emergencia sanitaria y debe considerarse también y sobre todo como una emergencia humanitaria a escala nacional, europea y planetaria.

Por todo ello, con motivo del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, declarado por el Gobierno de España para el 3 de mayo de cada año, en recuerdo de la entrada en vigor de este tratado de derechos humanos en nuestro país, desde el movimiento social de la discapacidad en España, encarnado en el CERMI y sus Organizaciones miembro, se realiza el siguiente llamamiento:

• RECUERDA que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una norma jurídica de cumplimiento imperativo en España, como tratado internacional de derechos humanos, que reconoce en su artículo 25 que las personas con discapacidad tienen el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Este tratado internacional establece un concepto amplio, conforme al modelo social de entender la discapacidad, que trasciende con mucho el mero reconocimiento oficial. De hecho, son muchas las personas que, presentando de hecho una discapacidad, no cuentan, por diversas circunstancias, con declaración administrativa y tienen que enfrentar los mismos o más obstáculos a su inclusión. La Convención, asimismo, en su artículo 11, insta a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de emergencias.

• DENUNCIA cualquier práctica, recomendación o política clínica que discrimine a las personas con discapacidad en el acceso a los cuidados de salud y en los servicios sanitarios; así como las actuaciones clínicas o médicas basadas en prejuicios y sesgos que descarten a determinados grupos sociales de tratamientos médicos necesarios para superar o aliviar la enfermedad, porque nunca se repetirá bastante que todas las vidas humanas tienen el mismo valor y dignidad. Todos los cuidados, atenciones y tratamientos de salud han de proporcionarse a todas las personas con discapacidad que los necesiten.

• ALERTA de las consecuencias del confinamiento en la salud de algunas personas con discapacidad, que precisan salidas terapéuticas, atención habilitadora y rehabilitadora y tratamientos médicos, protésico-quirúrgicos y psicosociales específicos y permanentes para evitar episodios de colapso personal con grave afectación de sus condiciones de salud y de bienestar integral, físico, emocional y psicológico.

Al mismo tiempo que previene de los efectos nocivos (a veces irrecuperables) sobre el desarrollo de los niños y niñas con discapacidad si no se asegura la continuidad de los programas de detección y diagnóstico precoz, conforme a la prescripción facultativa, y de la habilitación funcional, dotando de los recursos precisos en estas especiales circunstancias al personal profesional con competencia en la materia.

• APELA a los mandatos de derechos humanos como la mejor vacuna para mitigar los efectos de esta pandemia en las personas con discapacidad y en sus familias, y como escudo para proteger su integridad e indemnidad ante las consecuencias sociales, educativas, laborales, socio sanitarias y económicas de esta pandemia.

• REVINDICA la accesibilidad universal como garante para el ejercicio, goce y disfrute del derecho humano a la salud, para que las personas con discapacidad conozcan y apliquen las indicaciones, en condiciones de igualdad, de prevención, diagnóstico y protección promovidas por las autoridades y profesionales sanitarios y sociales.

• EXIGE que se materialicen las recomendaciones dadas a España por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas como la manera óptima para mantener la defensa y protección de la salud de las personas con discapacidad. Es imperativo que se asegure que todas las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de atención a la salud y que dispongan de información y comunicación sanitarias accesibles, así como apoyo de terceras personas, materiales y equipos adaptados. Asimismo, debe garantizarse el suministro y acceso a los tratamientos farmacológicos y a los repuestos y pilas o baterías, imprescindibles para el funcionamiento de las prótesis, además de los servicios de reparación en caso necesario.

• DEMANDA que la perspectiva de género presida la gestión de esta crisis, en la que se cuente con las mujeres y niñas con discapacidad y que incorporen acciones que protejan a las madres y cuidadoras, para que esta emergencia no repercuta de forma desmedida en ellas: por la salud, por la violencia de género y por cuidar de los demás. Es esencial que se reconozca las especificidades de las mujeres en materia del derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, evitando las restricciones de acceso a atención y protocolos sanitarios, especialmente para las situaciones de mayor riesgo de exclusión, como las mujeres con discapacidad psicosocial, o las que sufren enfermedades crónicas y enfermedades orgánicas no reconocidas, o las que son víctimas de violencia y abuso. Deben quedar incluidas en esta atención con enfoque de género también las mujeres que sufren depresión postparto o duelo por la pérdida gestacional o neonatal, exacerbado por el contexto de emergencia.

• RECUERDA a todas las personas mayores, incluidas las personas con discapacidad mayores, que están sufriendo esta pandemia en carne propia de forma más virulenta y cuyos derechos humanos se están no solo cuestionando sino negando del modo más despiadado, a favor de una pretendida eficiencia del sistema, ante la escasez de recursos y la elevada presión asistencial. El movimiento CERMI está colaborando activamente con las organizaciones de personas mayores para contribuir a visibilizar estas necesidades y reivindicaciones, que también son de la discapacidad organizada.

• DENUNCIA la inexistencia en nuestro país de un auténtico espacio socio sanitario inclusivo, invocado, pero siempre postergado, que atienda de modo integral y armónico las necesidades complejas y superpuestas de salud y sociales, al servicio de la persona que ha de ser su eje, y no obligando a la persona a escindirse en función de las lógicas enfrentadas de los sistemas sanitarios y sociales, cuya realización acelerada debe ser una prioridad política de primera magnitud.

Ante la pandemia del coronavirus, el movimiento CERMI plantea como irrenunciable la siguiente agenda política:

? Garantizar la prestación de servicios y cuidados de salud a las personas con discapacidad por parte de instituciones públicas, no gubernamentales y privadas, en condiciones de igualdad de acceso y de calidad de la atención, introduciendo los ajustes necesarios para responder a las necesidades específicas de salud de esta parte de la población.

? Asegurar efectivamente que todos los servicios de salud que están operando en situaciones de emergencia promuevan y provean los derechos humanos de las personas con discapacidad, en especial los derechos a la autonomía, la privacidad, la confidencialidad, el consentimiento informado, la accesibilidad universal a la información y comunicación, la no discriminación y la libertad de elección.

? Regular que los programas y planes de estudio del personal sanitario, incluidos los de formación de los servicios de emergencia, así como sus periodos de prácticas, incorporen necesariamente cursos sobre la salud y los derechos humanos de las personas con discapacidad que sean amplios, obligatorios y tengan en cuenta las cuestiones de género, en particular la violencia contra la mujer.

? Hacer efectiva la participación de las personas con discapacidad y de sus familias, a través de sus organizaciones representativas, en los planes de reconstrucción social y económica que se desarrollen a escala europea, estatal y autonómica, así como la consulta periódica y un diálogo firme con esta parte de la sociedad civil para dar respuesta a sus demandas y planteamientos.

Finalmente, el movimiento social de la discapacidad en España:

Reivindica una respuesta de la Unión Europea a la altura de lo que corresponde a una Europa social, inclusiva y solidaria, que encabece la respuesta a esta crisis, poniendo en el centro a las personas y no dejando a nadie al margen.

Aplaude la labor de las familias de personas con discapacidad que en estos momentos tan críticos están más cerca que nunca cuidando la salud de todos sus componentes, en especial los que presentan una discapacidad, reconfortando sus miedos, conllevando sus dudas y flaquezas y velando por sus dignidad y derechos. Así como, reconoce como ejemplo de enorme valor humano y social, la dedicación de las organizaciones de base familiar, así como de todo el personal profesional y del voluntariado que, en condiciones de riesgo y precariedad indecibles, ha estado en primera línea siendo aliado infatigable de la salud, la dignidad la autonomía e la inclusión de las personas con discapacidad.

Invoca la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y reclama se haga realidad, el Objetivo 3 orientado a mantener el carácter universal, público y gratuito de los sistemas de salud, así como a no dejar a nadie atrás en la atención sanitaria; el Objetivo 5, orientado a defender la Igualdad de Género y a reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social; y el Objetivo 10, orientado a reducir las desigualdades.

Reconoce el trabajo de las organizaciones de movimiento social de la discapacidad en España, que con una sola voz han estado desde el inicio de la pandemia no solo en actitud vigilante y desplegando actuaciones para defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias y asegurando los recursos y servicios para proteger nuestra salud, sino que corresponsablemente se han ofrecido a colaborar con el bien común contribuyendo con su voluntad, esfuerzo y recursos a la tarea colectiva de minimizar los efectos de la crisis y ayudar en la reconstrucción del país.

CERMI y Fundación CERMI Mujeres