FIRMA INVITADA: María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales

Un avance en derechos

Entidades como la ONCE han sido fundamentales en la evolución de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, así como para definir un  tejido asociativo sólido, maduro y cualificado, que traslada al conjunto de la sociedad la aceptación y creencia en la plena inclusión. Lo que le ha llevado a representar un papel muy relevante en el CERMI español o andaluz, así como en la Mesa del Tercer Sector, donde desempeña un papel esencial.

Hablamos, en definitiva, de una labor constante y comprometida, que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía valoramos como se merece.

Por tanto, no me cabe duda de que la ONCE es un espléndido ejemplo a destacar e imitar. Una tarea que les ha valido la concesión del Premio Príncipe de Asturias, el reconocimiento del Parlamento Europeo o, entre otros muchos, el Premio Andaluz de Buenas Prácticas en Atención a las Personas con discapacidad, que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales concede anualmente.

La ONCE, a través de su Fundación o de ILUNION, su grupo de empresas, ha sabido desarrollar una estrategia en el ámbito laboral, a lo largo del tiempo, tan inteligente como enriquecedora. Porque tengamos en cuenta que el fin último de las medidas dirigidas a las personas con discapacidad es el de la plena inclusión, y que en este aspecto el ámbito laboral, la conquista de un empleo, cobra especial significado.

Una  prioridad en la gestión de la ONCE en Andalucía, donde cuenta con 15.605 afiliados y afiliadas y da empleo a más de 17.000 personas, el 85% con discapacidad.

Como no podía ser de otra manera, mantenemos una estrecha relación con la ONCE, así como con su Fundación, desarrollamos conjuntamente un programa específico para personas sordociegas. De hecho, Andalucía es la única comunidad autónoma de España que dispone de un centro residencial y de día para personas con sordoceguera, en situación de dependencia, en Salteras.

Tenemos muchos y grandes retos que afrontar juntos si queremos lograr mayores cotas de bienestar e incrementar la calidad de vida de las personas con otras capacidades y de sus familias.

La ONCE ha desempeñado un papel especialmente relevante en la formulación de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. Una Ley que consolida y amplía derechos y con la que nos adaptamos a los preceptos contenidos en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad. 

Una Ley que pone el énfasis en la autonomía  en la capacitación y en el empoderamiento de las personas con discapacidad; en la vida independiente, en la perspectiva de género, así como en la accesibilidad universal y los apoyos individualizados cuando sean necesarios.

Una Ley que, en consonancia con la apuesta de la ONCE a lo largo de sus años de fértil trayectoria, presta especial atención a todo lo relativo al ámbito laboral, y que histórica y desgraciadamente ha sido un ámbito de desigualdad para las personas con discapacidad. Cuando ha de ser un ámbito de inclusión, igualdad y normalización.

Y en este sentido, para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la formación, obliga a mantener en vigor un  Plan de Empleo de Personas con Discapacidad, a propuesta de las Consejerías competentes en Empleo y Función Pública.

Plan en el que se han de incluir medidas sobre empleo ordinario, público y privado, y también protegido en centros especiales de empleo y enclaves laborales. Planes que deben tener un enfoque de género para intentar igualar las tasas de empleabilidad de hombres y mujeres con discapacidad.

En el caso de las medidas de acción positiva en el ámbito de la formación y el empleo, se establece como novedad que los cursos de formación para el empleo, organizados por la Junta de Andalucía, reservarán un 5% del número de plazas para personas con discapacidad, debiendo garantizarse como mínimo, independientemente del número de plazas convocadas, la reserva de una plaza para personas con discapacidad.

Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

Igualmente, la Ley de los Derechos y Atención de las Personas con Discapacidad en Andalucía fomenta el uso del Braille por parte de todas las administraciones públicas y propicia la colaboración con los Centros Docentes para la adaptación de los recursos educativos, garantizando la atención del alumnado con discapacidad, adoptando medidas efectivas para asegurar que el alumnado con ceguera o deficiencias visuales graves pueda disponer de los correspondientes materiales y espacios adaptados.

Además, esta Ley promueve la utilización de perros de asistencia, en cuya categoría se incluyen los perros guía,  para facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad en todos los espacios de uso público.

En cuanto a su financiación, hemos concretado presupuestariamente las medidas recogidas. Hablamos de más de 1.300 millones de euros anuales.

Porque la apuesta por las personas con discapacidad se demuestra con evidencias concretas, con presupuesto definido, o con nuevos recursos, tal y como viene demostrando la ONCE a través de los años de avalada y contrastada labor, en aras de la plena inclusión de las personas con discapacidad.

María José Sánchez Rubio

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales

Junta de Andalucía